La Corte Plena en la sesión del 23 de enero de 2006, artículo XXXII, aprobó la creación de un Banco de Buenas Prácticas de Gestión Judicial, con el fin de implementar una base de datos de todas aquellas buenas prácticas ejecutadas en las oficinas judiciales, entendidas estas como cualquier experiencia o actividad llevada a cabo por una oficina, que contribuya a mejorar significativamente el servicio público que presta el despacho y resuelva alguna situación insatisfactoria y vinculada a los principales debilidades del Poder Judicial.