Formulario de Inscripción

 

Las oficinas y despachos judiciales interesadas en participar en el concurso Banco de Buenas Prácticas en las Oficinas del Poder Judicial 2015, pueden presentar las buenas prácticas que consideren oportunas.

 

Para cada una de las propuestas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

 

Las buenas prácticas propuestas no deben formar parte de las labores propias del cargo, ni que sean directrices o programas institucionales de aplicación obligatoria para el despacho u oficina que las propone.

 

La aplicación de estas prácticas no debe implicar un aumento significativo en algún renglón del presupuesto institucional.

 

 1. Nombre de la buena prá

“Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.”

 

 2. Nombre, número de teléfono, lugar de la oficina y ubicación geográfica.

Dirección de la Defensa Pública del Primer Circuito Judicial de San José, teléfono 2211-9840 y 2211-9882

 

3. Nombre de los/as servidores/as responsables que ejecutan o diseñaron la buena práctica propuesta.

Marta Iris Muñoz Cascante. Directora de la Defensa Pública

Alejandro Rojas Aguilar. Subdirector de la Defensa Pública

Mario Alberto Serrano Zamora. Defensor Público Supervisor

Zhuyem Molina Murillo. Defensora Pública Supervisora

 

4. Proceso que se quiere mejorar y problema que se pretende solucionar.

 

Esta Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, constituye una buena práctica promovida por la Dirección de la Defensa Pública mediante la articulación interinstitucional, que se enmarca en la política de igualdad de género del Poder Judicial, como una acción específica y positiva para mejorar el acceso a la justica de las mujeres vinculadas a un proceso penal y de sus familiares en situaciones de vulnerabilidad.

 

De la misma manera, esta Red es una acción importante conforme a la Convención de la CEDAW y las 100 Reglas de Brasilia, como mecanismo para luchar contra la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, lo que viene a favorecer la construcción de instituciones democráticas desde la perspectiva de igualdad de género, especialmente de la Defensa Pública y el Poder Judicial.

 

Esta Red, además, ha permitido la capacitación y sensibilización no solo de servidores y servidoras judiciales, sino también de funcionarios y funcionarias de las instituciones que conforman esta Red.

 

 5. Explicación detallada de la buena práctica propuesta.

 

La Dirección de la Defensa Pública de Costa Rica ha venido ejecutando una serie de iniciativas con el objetivo de reivindicar la situación de las mujeres vinculadas con el sistema penal, especialmente de quienes se encuentran en prisión. En este sentido, pueden citarse los esfuerzos realizados para la aprobación del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que introduce proporcionalidad y especificidad de género para las mujeres acusadas por el delito de introducción de droga a un Centro Penitenciario, así como el trabajo efectuado para asegurar la efectiva aplicación de este artículo a quienes ya se encontraban cumpliendo una pena por este delito.

         

Como resultado de este esfuerzo, se logró la excarcelación de más de 150 mujeres privadas de libertad, reduciendo significativamente los niveles de sobrepoblación penitenciaria y propiciando un ajuste de la pena impuesta a estas personas, bajo los parámetros de justicia, racionalidad y proporcionalidad. Posteriormente surgió la necesidad de apoyar a las mujeres beneficiadas con el fin de evitar su reincidencia, tomando en cuenta que todas ellas enfrentan situaciones de vulnerabilidad, por lo que requieren apoyo institucional para poder neutralizar, o bien superar, estas condiciones.

 

 

De esta manera, la Defensa Pública inició los primeros contactos y reuniones con el fin de unir esfuerzos con diferentes Instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU-, el Instituto Costarricense sobre Drogas -ICD-, el Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS-, el Patronato Nacional de la Infancia -PANI-, el Instituto Nacional de Aprendizaje -INA-, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia -IAFA- y el Ministerio de Justicia, entre otras, con el propósito de facilitar las condiciones para que las mujeres beneficiadas desarrollen un proyecto de vida que les permita reinsertarse a su familia y a la sociedad y alejarse de la comisión de conductas delictivas. 

 

Es así como surge la idea de la Dirección de la Defensa Pública de constituir una Red para brindar una respuesta integral a la problemática social, familiar o económica que viven las mujeres involucradas en un conflicto penal, pero que también constituye una forma novedosa de abordar este conflicto, ya no solo desde la perspectiva del castigo, sino desde el apoyo y el respaldo institucional. 

 

Gracias al impulso de la Defensa Pública y al respaldo de EUROsociAL II –organismo de cooperación europea-, el 13 de noviembre de 2014 se firmó el protocolo de coordinación interinstitucional, con la finalidad de brindar una atención integral a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad por razones de desigualdad social y de género.

 

El protocolo fue firmado por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, la Segunda Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría; la  Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Alejandra Mora Mora; el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Carlos Alvarado Quesada; la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría; el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado Valverde; la Presidenta Ejecutiva del PANI, Ana Teresa León Sáenz; el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, Minor Rodríguez Rodríguez y el Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Luis Eduardo Sandí Esquivel.

 

El principal objetivo de esta Red es establecer una instancia de coordinación interinstitucional, con la finalidad de definir y desarrollar acciones conjuntas para dar respuestas integrales a casos concretos de mujeres vinculadas a procesos penales y a sus familiares en condiciones de vulnerabilidad; asimismo, se pretende mantener una comunicación sistemática y oportuna entre las instituciones firmantes del protocolo desde las competencias, fines y atribuciones que les corresponden.

 

A partir de este trabajo interinstitucional, la Red nace como un proyecto a favor de las mujeres vinculadas al proceso penal, con el objetivo de cambiar y transformar su situación social y económica, especialmente de las mujeres privadas de libertad, a través de subsidios económicos, becas, emprendedurismo y apoyo con la red de cuido por parte del IMAS para que las mujeres puedan trabajar y estudiar, capacitación y formación profesional mediante la oferta del INA, atención y fortalecimiento de áreas psicoafectivas y abordaje por situaciones de violencia intrafamiliar en el INAMU, asistencia y asesoría jurídica en las áreas competencia de la Defensa Pública, atención de farmacodependencias por parte del IAFA, atención de los hijos e hijas de estas mujeres por parte del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Como bien lo afirma la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, “Esta Red de Apoyo viene a dar una respuesta asertiva a las distintas situaciones que enfrentaban las mujeres vinculadas en procesos penales, con el fin de ayudarlas, a través de un proyecto de vida que les permita reinsertarse a la familia y la sociedad y evite su reincidencia”. Fuente: Observatorio Judicial. 08 de abril de 2015. Edición 180- Año 10. 08 de abril de 20

La labor de esta Red se ha ampliado ya no sólo a aquellas mujeres que se habían beneficiado con la aplicación del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, sino también a mujeres vinculadas con el sistema penal y, además, a su familiares dependientes, en el entendido que el bienestar de estas personas es esencial para la estabilidad emocional y psicológica de ellas.

El modelo de la Red tiene como base el cumplimiento por parte del Estado de Costa Rica de la normativa nacional e internacional suscrita por nuestro país relacionada al respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables como lo son las mujeres privadas de libertad y sus familiares dependientes. Gracias al apoyo de EUROsociAL, se logró sistematizar un modelo a través de un manual escrito que establece la intervención coordinada entre las instituciones firmantes del protocolo, para la atención de las mujeres vinculadas a un proceso penal y de sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad.

 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1422442750-PROTOCOLO%20COSTA%20RICA_completo.pdf

Desde la Defensa Pública el programa está conformado por un equipo de profesionales liderado por Marta Iris Muñoz Cascante, Alejandro Rojas Aguilar, Mario Serrano Zamora y Zhuyem Molina Murillo y las instituciones que conforman la Red, a saber: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Justicia y Paz.

 

Es importante indicar que para “La derivación de casos a la red se hace mediante un procedimiento que inicia durante el contacto que tiene el defensor o la defensora pública con la usuaria, se aplica un instrumento que permite detectar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que justifica la derivación del caso a la red. Ahí se le informa a la usuaria sobre el programa y sus objetivos; si la mujer está de acuerdo se refiere a la persona a la red. En esta etapa se priorizan las acciones más urgentes a seguir por parte de la Defensa Pública y se traslada el caso a la institución de la red para brindarle el apoyo correspondiente.” Fuente: Observatorio Judicial. 08 de abril de 2015. Edición 180- Año 10.

 

Proceso operativo de la Red interinstitucional a mujeres vinculadas a un proceso penal

 

Como parte de la estructura, se cuenta con un nivel gerencial integrado por los jerarcas de las instituciones que le da sostenibilidad a la Red a nivel político, ya que en las reuniones de jerarcas se aprueban directrices y acciones a seguir durante el año, a través de un plan de trabajo, que es ejecutado por las personas enlaces de cada una de las instituciones que la conforman.

 

Este ha sido un proyecto sumamente exitoso y constituye un modelo pionero para América Latina en la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal. En este sentido, la Defensoría General de la Nación Argentina, a través del apoyo de EUROsociAL, está implementando durante este año una Red de derivación tomando como base nuestra buena práctica, para lo cual la Defensa Pública de Costa Rica está dándole asistencia técnica a Argentina para la construcción de una Red a favor de las mujeres privadas de libertad de Buenos Aires.

 

Durante este año 2015 y gracias al éxito de esta buena práctica, EUROsociAL está apoyando nuevamente a la Defensa Pública de Costa Rica a través de un proyecto que dé continuidad a la Red, para la generación de alianzas con instituciones privadas y ONG´s, con el fin de abrir bolsas de empleo a las mujeres, bajo un concepto empresarial de responsabilidad social; el cual permita evitar la discriminación estructural y brinde una oportunidad de vida a las mujeres. De igual manera, el proyecto procura llevar este modelo a nivel local para operativizar las líneas de trabajo de la red entre las instituciones con el fin de buscar eficiencia en la respuesta a las necesidades de las mujeres y sus familiares dependientes.

 

 

Finalmente, es importante destacar que esta Red fue reconocida como uno de los logros del actual Gobierno, ya que el señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en su informe presidencial señaló lo siguiente: “Con el mismo afán de continuar generando condiciones para la familia y el acceso de trabajo para las mujeres, recientemente promovimos el protocolo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, que establece condiciones y oportunidades para mujeres que han pasado por el proceso penal y desean construir un proyecto de vida digno para ellas y sus familias.”

 

http://presidencia.go.cr/informepresidente2015/

 

  1. Impacto observado en la solución del problema.

 

Las expectativas sobre el impacto que puede generar la Red son altas, pues se espera que con su trabajo se ponga en evidencia la posibilidad de optar por una política criminal alternativa, que mire el conflicto penal no como una amenaza, sino como una oportunidad para conocer la realidad que viven estas mujeres y, a partir de este conocimiento, motivar la acción de los servicios públicos relacionados con las necesidades y requerimientos de ellas, en dirección a la efectiva protección o reivindicación de sus derechos y los de sus familiares dependientes.

 

Es importante resaltar el hecho que este esfuerzo se encuentra orientado a apoyar a las mujeres sometidas a un proceso penal, por cuanto, según se ha referido en diferentes estudios, el impacto personal y social que tiene o puede tener este proceso o una sanción penal en una mujer es distinto respecto de lo que puede sufrir un hombre, por lo que con esta acción afirmativa se procura desarrollar mejores condiciones para la igualdad de género.

 

El impacto ha sido sumamente significativo, la Red empezó a trabajar con las mujeres que egresaron de prisión por la reforma del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos. De ellas, se logró la convocatoria de 59 mujeres a sesiones informativas en la Gran Área Metropolitana y Limón y 11 fueron referidas a otras Unidades Regionales del INAMU. El IMAS localizó y atendió en el año 2014 a 70 de estas mujeres, y calificaron para subsidio 54 de ellas por cumplir los perfiles requeridos. Durante el 2015 el IMAS le ha dado subsidio a 41 de estas mujeres. Muchas de ellas están siendo ubicadas en los programas de formación humana y en cursos de capacitación y formación profesional del INA.

 

Gracias a esta Red, el ICD está financiando una base de datos que utilizará la plataforma informática del INAMU para integrar a todas las instituciones de la Red, con el fin de ingresar los casos de las mujeres en una especie de ventanilla única informática, y darles el seguimiento adecuado según la respuesta al caso concreto que deba dar cada institución. Asimismo, el ICD está financiando la construcción de los talleres de trabajo en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor. Otro logro es la aplicación de 100 entrevistas a mujeres en el CAI Buen Pastor con la finalidad de realizar un diagnóstico de sus necesidades con miras a la respuesta institucional y su plan de egreso. En ese mismo Centro, 224 mujeres fueron informadas sobre sus derechos como parte de una feria informativa realizada en el 2014.

 

 

 

 

 

 

  1. Iniciativas y acciones importantes que deberían tomarse para reproducirla.

 

Es importante realizar un diagnóstico de las situaciones o casos de poblaciones en condición de vulnerabilidad que atiende cada despacho u oficina, para establecer si hay aspectos que pueden resolverse de mejor manera a través de la coordinación interinstitucional o la generación de alianzas estratégicas, como lo ha sido en este caso la Red de Atención a mujeres vinculadas a un proceso penal.

 

 

  1. Por qué recomendaría a otras oficinas o juzgados que tomen en cuenta esta buena práctica judicial y la repliquen.

 

Esta práctica es importante porque a través de esta Red se demuestra que la coordinación entre las instituciones para la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad genera mayor impacto social y da pie a la formulación de políticas públicas integrales desde las competencias de cada una de las instituciones involucradas. Esto les permite a las usuarias tener mayor claridad sobre las oportunidades de respuesta institucional a sus requerimientos.

 

  1. Mecanismo o instrumento de medición del éxito de la práctica propuesta.

 

Existen indicadores de medición del éxito de la propuesta entre las diversas instituciones que atienden a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad que son evaluadas por el INAMU. Según se indicó con anterioridad, el Instituto Costarricense sobre Drogas está financiando una plataforma informática que se anclará a la plataforma del Instituto Nacional de las Mujeres para sistematizar la información de los casos, darles seguimiento y generar indicadores del impacto en la atención a esta población.

 

  1. Ámbito al que pertenece esta oficina: Jurisdiccional (Derecho privado, Derecho público y Derecho social), Administrativo o Auxiliar de Justicia.

 

La Defensa Pública pertenece al ámbito auxiliar de justicia del Poder Judicial.

 

  1. Fecha desde la cual se ejecuta la buena práctica, sin perjuicio que sea nueva.

 

La articulación interinstitucional se realiza desde septiembre del año 2013 y se mantiene a la fecha. La Red fue formalizada con la firma del Protocolo de coordinación interinstitucional el 13 de noviembre de 2014.

 

Los plazos considerados para este concurso, serán impostergables y su no cumplimiento descalifica a la oficina participante.

 

Las prácticas propuestas pueden ser inscritas por medio del correo electrónico Banco de Buenas Prácticas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)  o pueden dirigirse al fax: 2295-4383.

 

 

Fecha límite de inscripción: del 6 de abril al 30 de junio de 2015

“El Reconocimiento “A la Excelencia Judicial o Buenas Prácticas de Gestión Judicial” se otorgará a aquel grupo de trabajadores de una determinada oficina o Despacho, o Circuito Judicial, que se haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y que con su actitud grupal hubiese enaltecido al Poder Judicial".1

 

 

 

 

 

1 “Reglamento de reconocimientos otorgados por el Poder Judicial”, Artículo 32, publicado en el Boletín Judicial Nº 179 del 5 de setiembre del 2006.

 

 

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